Desastre en el Golfo

Más de un millón de galones de petróleo por día están siendo derramados en el Golfo de México tras la explosión y posterior hundimiento, el pasado 22 de abril  de Deepwater, una plataforma petrolífera propiedad de la compañía British Petroleun (BP).

Irónicamente, el designado Día de la Tierra fue el escenario de un desastre ambiental que según los expertos ya supera al de Exxon Valdez ocurrido en 1989 en Alaska, y cuyas nefastas consecuencias son todavía imposibles de cuantificar.  

Por lo pronto, la mancha de petróleo amenaza a más de 400 especies animales y vegetales del estado de Luisiana, entre ellas aves como garzas, pelícanos pardos y golondrinas y el daño podría extenderse a otros cuatro estados estadounidenses en donde acecharía parques nacionales, reservas naturales y humedales. 

Lo irónico es que la BP, una de las petroleras más grandes del mundo, a pesar de su gran capacidad tecnológica y abundantes recursos, fue incapaz de prevenir una tragedia en la que también murieron once de sus trabajadores.

Peor aún, tampoco ha podido impedir que el derrame del crudo  continúe y más bien se  cuestiona la utilización de un dispersante sumamente tóxico que, si bien es cierto mantiene de momento el petróleo lejos de las playas, (algo que interesa a la compañía para no afectar más su imagen), conlleva una serie de efectos negativos a largo plazo sobre los ecosistemas y la fauna marina.

A la BP se le acusa de mentir al público sobre la cantidad de petróleo derramado, así como su verdadera capacidad de reacción ante una emergencia de esta naturaleza, algo evidente ante los inútiles esfuerzos de la empresa por detener la fuga y su propagación por el Golfo.  

Todo esto trae a la mente la intensa campaña publicitaria de la compañía Industrias Infinito, la cual se esfuerza en convencer a los costarricenses sobre las bondades de la minería a cielo abierto.

Según la empresa, esta actividad no representa ninguna amenaza para el medio ambiente y solo beneficios económicos le traerá a esa zona norteña olvidada, como tantas otras, por los gobiernos de turno.

Gobiernos cuya función parece ser la de dejar en manos de compañías extranjeras la solución de los problemas -otrora a su cargo-  a cambio de unos cuantos puestos de trabajo, en ocasiones peligrosos y casi siempre mal remunerados, y con mínimas ganancias para el Estado. 

La última noticia sobre el tema es que la Municipalidad de San Carlos ha pedido al gobierno la anulación de todos los permisos otorgados para este proyecto minero y también que se derogue el decreto que lo declara de interés público.

La petición del ayuntamiento sancarleño se basa en el precedente negativo de la explotación minera como fuente de destrucción, y por la alta fragilidad de la zona y a la ausencia de pruebas tangibles sobre sus beneficios.

Tal vez le toque a doña Laura arreglar el entuerto de su amigo expresidente y, aprovechando el impulso del veto al pretendido aumento salarial de los diputados, se traiga abajo este proyecto minero, lo sustituya por uno sostenible y armonioso con el ambiente y se avoque, como corresponde, a encontrar una solución permanente de trabajo digno  y progreso para los habitantes de Las Crucitas.