
A pesar de que Fong Lee aseguró haber hundido su pie en el pedal del freno, el auto no respondió. El jurado no creyó esta versión y lo envió ocho años a prisión. El caso se ha reabierto por la sospecha de que el vehículo que conducía Lee, en efecto sufrió un desperfecto mecánico.
Otro más en la andanada de problemas que durante las últimas semanas han azotado a la industria automovilística y los cuales, por increíble e irritante que resulte, podrían deberse a un asunto de reducción de costos.
Las recientes afirmaciones de Toyota –provenientes de documentos internos de la empresa- en el sentido de que ahorró dinero tras convencer a los reguladores estadounidenses de limitar un retiro de autos por defectos, ponen en evidencia el interés de la compañía de anteponer sus intereses económicos a la seguridad de sus consumidores.
Con el título "Victorias para Toyota -- Grupo de Seguridad", el documento revela los millones de dólares ahorrados por la compañía al lograr retrasar el cumplimiento de regulaciones de seguridad y evitar investigaciones sobre defectos.
A la debacle de Toyota se suma el retiro de más de 430.000 camionetas Suzuki en Japón por defectos en el sistema de aire acondicionado que podrían generar un incendio y de Daihatsu (también del grupo Toyota) con un retiro de 60.774 vehículos cuyo airbag podría activarse accidentalmente.
Y hay más. El pasado 10 de febrero Honda anunció la retirada de más de 437.000 de sus autos, también por defectos con las bolsas de aire y como si esto fuera poco, en el año 2000, las compañías Bridgestone/Firestone, Masatoshi Ono reconocieron problemas en los neumáticos utilizados en automóviles todoterreno de Ford. El desperfecto cobró la vida de 148 personas y otras 525 sufrieron lesiones.
Esta conducta irresponsable e insensible de los fabricantes de vehículos no es nueva. En 1993 una mujer llamada Patricia Anderson tuvo un accidente con su auto Chevrolet Milibu, modelo 1979. Ella viajaba con sus cuatro hijos cuando al detenerse en un semáforo otro auto la embistió por detrás.

Luego de un prolongado juicio se supo que la General Motors (GM) había montado el depósito del combustible en una posición peligrosa con el fin de disminuir costos.
Las pruebas aportadas demostraron que la GM tenía conocimiento sobre el riesgo de incendio del Malibú y de otros modelos, pero optó por hacer lo que resultaba más conveniente en términos de ganancias.
Un informe elaborado por un ingeniero del departamento de diseño avanzado había calculado el ahorro para la compañía en caso de permitir que la gente muriese a causa de los incendios de combustible, versus el costo de alterar el diseño de los vehículos para prevenir que esto ocurriese.
Si una persona física actuara de esta manera, sería catalogado como un psicópata y enviado a la cárcel. Con una corporación la lógica es distinta. El presidente de la Toyota, Akio Toyoda, pidió perdón y se marchó a su casa.
Tim Howard, profesor de leyes en la Universidad Northeastern que coordina las acciones legales contra Toyota afirma: "Los propietarios de (autos) Toyota pensaron que estaban comprando calidad. En lugar de eso, consiguieron un automóvil tan defectuoso que podía llevarles a la muerte".
Quien tiene un Toyota, no sabe lo que tiene.